Foto Suministrada. |
Permitieron a la institución, a través del Gaula y con la Fiscalía, iniciar unas labores previas en las que se priorizaron algunos casos y de esta manera identificaron a las 10 personas.
“Ellas no están en las cárceles, pero también forman parte de esa cadena criminal, ayudando a los delincuentes, que llaman desde los centros penitenciarios y los primeros se convierten en los que materializan la extorsión”, anotó el oficial.
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Si logran convencer a la víctima de que la tienen vigilada, le dicen que pueden atentar contra su vida y su familia si no les consignan dinero o destinan medicamentos de difícil acceso y costosos, uniformes y otros elementos.
El Gaula hizo un seguimiento de meses a las llamadas que recibían las víctimas, hasta que descubrió que se originaban desde las cárceles Doña Juana de La Dorada y de Picaleña en Ibagué.
La estrategia de la investigación de las autoridades se centró en quienes obtienen la información de la víctima y posteriormente reciben el dinero a través de consignaciones o de forma directa.
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